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La cultura implica -como nos enseñó García Canclini-, la construcción, circulación y consumo de bienes simbólicos. También nos enseñó que las políticas culturales, entendidas como el conjunto de intervenciones simbólicas que inciden en una sociedad determinada, y principalmente en las diferentes formas de relacionarse, de significar y de representarse, no son sólo aquellas desarrolladas por el Estado: y es que ya Canclini había incluido también en su definición de políticas culturales a instituciones civiles y grupos comunitarios organizados. Las políticas culturales inciden de forma simbólica en la ciudadanía o al menos, esta es su finalidad. De hecho, para García Canclini las políticas culturales tienen dos posibles y contrapuestas finalidades: una disciplinaria, de mantenimiento de un orden establecido, y la otra de búsqueda de la transformación social . Esto necesariamente conlleva la construcción de sentido y de resignificación, ya sea en una dirección o en la contraria. Retomando esta y otras varias definiciones de “Política cultural”, nos percatamos por lo tanto de lo erróneo de circunscribir la expresión a la gestión pública, sus directrices, objetivos y acciones. Las acciones de responsabilidad social empresaria, para centrarnos ya en ella, frecuentemente van más de la mano del marketing, del greenwashing, y no tanto de la propia conciencia de su verdadero alcance. Por lo tanto, las enormes cantidades de dinero (dificilísimas de cuantificar por la falta de transparencia, de acceso a esta información) y de recursos destinadas a cultura desde el sector privado -patrocinio de espectáculos, congresos y seminarios, acciones destinadas a inculcar ciertos hábitos, prevenir accidentes y enfermedades, educación, producción y distribución de variados bienes culturales- no pueden quedar afuera del concepto.
En resumen: importantes presupuestos privados en cultura que constituyen auténticas políticas culturales (pretenden incidir e inciden) y… ¿quiénes las llevan a cabo? ¿Con qué criterio? ¿La profesionalización de aquellos gestores culturales que se ocupan de la cultura desde las acciones privadas de responsabilidad no debiera ser acaso la primera acción responsable? No parece ser así. A este respecto, quisiera hacer un llamamiento: nos estamos acostumbrando demasiado fácilmente, como gestores culturales, a no figurar en ninguna parte cuando se trata de proyectos por encargo, o propuestas a instituciones privadas -pero también públicas-. Figuran auspiciantes y patrocinadores; figura hasta la institución menos interesada que aportó quizá el café para la pausa de una conferencia y a regañadientes; pero muchas veces, no está bien visto que los productores reales del evento, los gestores, quienes tuvieron la idea y la pusieron en marcha, aparezcan también. Sorprende cuando así se pide. Revirtamos eso. Profesionalizarse significa también esforzarnos en tener la presencia que merecemos. No seguir siendo escritores fantasma, absorbidos por la firma de un célebre autor.
La ISO 26000, ya que hablamos de RSE, tiene su razón de ser en que las organizaciones asuman el impacto de sus actividades en el medioambiente y en la sociedad: hacer negocios de manera coherente con los intereses de la sociedad y basándose en la ética y las leyes aplicables: enumera cuestiones como, sobre todo, el medio ambiente, y el comercio justo, el desarrollo sustentable, el desarrollo social los derechos laborales y humanos… Pero, ¿los derechos culturales no son acaso derechos humanos? ¿El desarrollo es únicamente el económico? ¿El medioambiente cultural no cabe no es tenido en cuenta, incluyendo las especies culturales en vía de extinción? Es momento de recordar la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural (París, 2001): varios de sus artículos responden estas preguntas.
El artículo 3 habla del desarrollo “entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”, y señala que la diversidad cultural es una de sus fuentes. En su artículo 5 dispone que “Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes”. Y es que la diversidad cultural es, lo establece así su artículo primero, “tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos (…) y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. No debería olvidarse tampoco, por cierto, que la diversidad cultural (así lo dice también la UNESCO) es fuente de innovación y creatividad, ahora que tanto se habla, por cierto, de ello en los entornos empresariales.
Entonces, es hora de profundizar en estudios sobre los aportes de la empresa privada a la cultura, en Argentina y en todos los países en general. Son necesarias muchas cifras, responder a muchas preguntas. Enumeramos unas pocas: ¿Cuál es el aporte económico del sector privado a la cultura? ¿A través de qué cauces se lleva a cabo? ¿Qué mecanismos se utilizan: fundaciones, aportes directos de las empresas vía subvenciones, concursos? ¿Qué disciplinas artísticas y qué sectores son beneficiados y por qué tipo de institución privada? ¿Con qué criterios? ¿Qué busca realmente con ello el sector privado? ¿Qué porcentaje de aportes entra dentro de las acciones de RSE de cada empresa y de éstas cuáles son consideradas “culturales”? ¿Se ajusta a la realidad, pueden considerarse realmente acciones responsables y son realmente culturales? ¿Qué grado de profesionalización existe en los equipos de trabajo, en quienes deciden cuánto dinero va a qué tipo de iniciativa? ¿Son éstas iniciativas de la sociedad, que se acerca al sector privado para obtener financiación, o son iniciativas propias? ¿Hay por lo tanto colaboración, cooperación o simple patrocinio? ¿En qué proporciones? ¿Priorizan la difusión de la marca y una identidad corporativa definida o no pretenden hacer demasiada prensa de sus aportes? ¿Hay temáticas tabú para las empresas a la hora de llevar a cabo acciones culturales? ¿Existen expresiones culturales que nunca son tenidas en cuenta? ¿A quiénes van dirigidas?
Si para el gestor cultural es útil un directorio de empresas para saber a cuál acudir en función del contenido y características de cada proyecto, no lo es menos para poder reflexionar acerca de las acciones privadas como auténtica política cultural. Son necesarias cifras. Estadísticas. Hacer un seguimiento. Entender. No se trata de controlar. Se trata de permitir, primeramente, que el propio sector privado tenga una panorámica de a qué se dedica como conjunto, herramientas para reflexionar desde la cultura y no sólo desde la RSE y el marketing: ¿no es esto responsable?; se trata también de transparencia, por supuesto; se trata de tener, finalmente, material suficiente para profundizar en el conocimiento sobre un sector de la cultura del que no sabemos gran cosa: estaremos de acuerdo en que fijarse en qué logos y qué patrocinadores figuran al pie de las publicidades de los eventos como toda fuente de información es ridículamente pobre como metodología para conocer cómo funciona esta parte fundamental de la política cultural. La norma ISO 26000 se desarrolló con aportes de diferentes grupos de partes interesadas: Consumidores, Gobierno, Industria, Trabajadores, Organizaciones No Gubernamentales, Servicios, Apoyo, Investigación y Otros. Insisto: ¿qué pasa con la cultura?
Incluso podemos ir más allá y hablar de otra acepción de la palabra “cultura”, la antropológica . Y es que no son culturales solamente aquellas políticas que se reconocen expresamente como tales: la publicidad -filosofía hipercalórica, que engorda pero no alimenta- cumple con esta definición con mayor eficacia que el conjunto de intervenciones emanadas de cualquier ministerio de cultura: incide en la visión de mundo. Las políticas que más inciden en la cultura, en este sentido, no son ni han sido nunca las políticas culturales tal y como las conocemos. Quienes promueven la ideología del consumo, del sálvese quien pueda y el individualismo, la idea de éxito basado en la acumulación, quienes acaparan los medios de comunicación en monopolios (privados o públicos), quienes generan identidades como estrategia de marketing, quienes generan miedo y deseo desarrollan también políticas culturales. Son políticas culturales implícitas -e inconfesas- pero muchas veces destinadas a obtener consenso para un tipo de orden social. Como gestores culturales, debemos ser conscientes de ello. Sepamos identificar dónde se ocultan las políticas culturales implícitas. ¿Hay conciencia de la visión de mundo, de las prioridades, formas de vida, de las lógicas, de los cambios culturales que se generan desde la empresa y se vuelcan al resto de la sociedad? ¿Importa? La UNESCO nos dice que “el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural”, y que es inseparable de un contexto democrático. Si el pluralismo cultural es la respuesta política, ¿cuáles deben ser las respuestas desde la empresa y la RSE a la diversidad cultural? La actual tendencia en políticas culturales, al menos desde “lo que debería ser”, son aquellas que favorecen la inclusión y la participación (no sólo el acceso) de todos los ciudadanos a la cultura, garantizando la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil, la interacción, la diversidad y la paz. ¿Por qué, en definitiva, no tener el mismo grado de exigencia con las políticas culturales desarrollados desde los sectores privados, estando tan preocupados como dicen estarlo por la responsabilidad social? Debemos buscar conjuntamente, por lo tanto, y entre otras muchas cosas, la vía privada del pluralismo cultural.
1 GARCÍA CANCLINI, N., Políticas Culturales en América Latina, México, Grijalbo, 1987, pág. 26. 2 Según distingue WILLIAMS, R., Palabras clave: un vocabulario de la cultura y la sociedad (1975), Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 2000.
Presentado en 2º Congreso Internacional de Gestión Cultural. Mar del Plata, Argentina, 25, 26 y 27 de agosto 2011.
