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1. ¿Nueva política para una nueva economía?
a) ¿cambios en las esferas productiva, social y familiar?
No hay sitio en el que mirar en el que uno no tenga la sensación que sus habituales instrumentos de análisis y reflexión se le han quedado obsoletos, tal es la rapidez y la intensidad de los cambios a los que estamos asistiendo. La realidad se mueve, se transforma y lo hace a gran velocidad. El escenario en el que se construyó el llamado Estado del Bienestar está quedando atrás, y no es razonable imaginar que podamos reconstruirlo.
Estamos viviendo cambios muy profundos en los aspectos fundamentales que han asentado la sociedad industrial avanzada del siglo XX. Desde el punto de vista productivo, el impacto de los grandes cambios tecnológicos ha modificado totalmente las coordenadas del industrialismo. Se han superado las estructuras "fordistas", aquellas en que grandes concentraciones de trabajadores eran capaces de producir ingentes cantidades de productos de consumo masivo a precios asequibles, sobre la base de una organización del trabajo taylorista y a costa de una notable homogeneidad en la gama de bienes producidos. La llamada globalización o mundialización económica, construida sobre la base de la revolución en los sistema de información, ha permitido avanzar hacia un mercado mundial, en el que las distancias cuentan menos, y dónde el aprovechamiento de los costes diferenciales a escala planetaria ha desarticulado empresas y plantas de producción. Palabras como flexibilización, adaptabilidad o movilidad han reemplazado a especialización, estabilidad o continuidad. La sociedad del conocimiento busca el valor diferencial, la fuente del beneficio y de la productividad en el capital intelectual frente a las lógicas anteriores centradas en el capital físico y humano.
La sociedad industrial nos había acostumbrado asimismo a estructuras sociales relativamente estables y previsibles. Hemos asistido a la rápida conversión de una sociedad estratificada, de una sociedad fundamentada en una división clasista notablemente estable, a una realidad social en la que encontramos una significativa multiplicidad de los ejes de desigualdad. Si antes, las situaciones carenciales y problemáticas se concentraban en sectores sociales que disponían de mucha experiencia histórica acumulada al respecto, y que habían ido sabiendo desarrollar respuestas más o menos institucionalizadas, ahora el riesgo se ha democratizado, castigando más severamente a los de siempre, pero golpeando también a nuevas capas y personas. Pero, aparecen también nuevas posibilidades de ascenso y movilidad social que antes eran mucho más episódicas. Encontramos más niveles y oportunidades de riqueza en segmentos o núcleos sociales en los que antes sólo existía continuidad de carencia. Mientras, por otro lado, encontramos también nuevos e inéditos espacios de pobreza y de dificultad en el sobrevivir diario. Frente a la anterior estructura social de grandes agregados y de importantes continuidades, tenemos hoy un mosaico cada vez más fragmentado de situaciones de pobreza, de riqueza, de fracaso y de éxito. Pero, la miseria coloniza y la riqueza expulsa. Y ello genera una proliferación de riesgos y de interrogantes que provoca fenómenos de búsqueda de certezas en la segmentación social y territorial. Los que pueden buscan espacios territoriales o institucionales en los que encontrarse seguros con los "suyos", cerrando las puertas a los "otros".
Las familias se resienten también de esos cambios. El ámbito de convivencia primaria no presenta ya el mismo aspecto que tenía en la época industrial. El hombre trabajaba fuera del hogar, mientras la mujer asumía sus responsabilidades reproductoras, cuidando marido, hijos y ancianos. La mujer no precisaba formación específica, y su posición era dependendiente económica y socialmente. El escenario es hoy más y más distinto. La equiparación formativa entre hombre y mujer es creciente. La incorporación de la mujer al mundo laboral aumenta sin cesar, a pesar de las evidentes discriminaciones que se mantienen. Pero, al lado de lo muy positivos que resultan esos cambios para devolver a la mujer toda su dignidad personal, lo cierto es que los roles en el seno del hogar apenas si se han modificado. Crecen las tensiones por la doble jornada laboral de la mujer, se incrementan las separaciones y aumentan también las familias en las que sólo la mujer cuida de los hijos. Y, con todo ello, se provocan nuevas inestabilidades sociales.
Ese conjunto de cambios y de profundas transformaciones en las esferas productiva, social y familar no han encontrado a los poderes públicos en su mejor momento. Los retos son nuevos y difíciles de abordar, y las administraciones públicas no tienen la agilidad para darles respuestas adecuadas. El mercado se ha globalizado, pero el poder político sigue anclado al territorio. Y es en ese territorio donde los problemas se manifiestan diariamente. La fragmentación institucional aumenta, perdiendo peso el estado hacia arriba (instituciones supraestatales), hacia abajo (procesos de descentralización, "devolution", etc.), y hacia los lados (con un gran incremento de los partenariados públicos-privados, con gestión privada de servicios públicos, y con presencia cada vez mayor de organizaciones sin ánimo de lucro presentes en el escenario público). Al mismo tiempo, la lógica jerárquica que ha caracterizado siempre el ejercicio del poder, no sirve hoy para entender los procesos de decisión pública, basados cada vez más en lógicas de interdependencia, de capacidad de influencia, de poder relacional, y menos en estatuto orgánico o en ejercicio de jerarquía formal
b) ¿crisis de la democracia o desafección institucional?
La política no encuentra su lugar en el nuevo escenario económico. Pero al mismo tiempo la democracia parece consolidarse como nunca. En efecto, nos encontramos en un momento curioso. Nunca en la historia de la humanidad se había conocido una extensión tan amplia de este conjunto de reglas y de mecanismos de representación plural, de participación y de control, que históricamente ha ido conformando el concepto de democracia. Desde este punto de vista diríamos que la democracia parece vivir un momento dulce en todo el mundo. A pesar de ello, continúa existiendo una insatisfacción creciente en cuanto a su funcionamiento. El fundamento de estas críticas puede buscarse en aquel conjunto de elementos que Bobbio llamó "promesas incumplidas". Pero también resulta evidente la poca capacidad de resolución de los problemas que muestran los mecanismos democráticos de toma de decisiones. Formalismo, distanciamiento entre representantes y representados, opacidad, asimetría en los recursos de los teóricamente iguales… son algunas de la críticas que se esgrimen en el debate político dirigidas al funcionamiento actual de nuestros sistemas democráticos.
En los últimos años se logrado dotar de una fuerte base empírica ese conjunto de percepciones, que algunos han definido como un fenómeno de desafección de los ciudadanos hacia los actores e instituciones políticas de cada país. No se trataría tanto de un alejamiento en relación a la democracia como sistema de gobierno (aspecto este en el que no se detecta, sino al contrario, una reducción de legitimidad), sino un acusado descenso de la confianza pública en la forma de operar y en el rendimiento de las instituciones representativas. No hay signos de preferencias por alternativas de gobierno no democráticas o autoritarias, pero si se constata que las actitudes públicas hacia partidos, parlamentos o gobiernos expresan más y más desconfianza .
Esta tendencia puede considerarse como significativa, ya que no estamos hablando de cambios en la confianza popular hacia unos u otros gobernantes o partidos, sino hacia propiamente las instituciones representativas que han caracterizado el modelo de gobernación política de la historia contemporánea en el mundo occidental. ¿Qué puede explicar esta tendencia?. ¿Sería, como se ha sugerido, una simple desafección o desacuerdo con la evolución del mundo actual?. ¿Sería la respuesta a la perceptible incapacidad de los poderes públicos para poder controlar una economía que cada vez reconoce menos fronteras y reglas?. ¿Es un producto de la creciente individualización de las formas de vida que comporta un debilitamiento de los vínculos sociales y de participación comunitaria, y por tanto, una menor confianza en todo aquello que son instituciones representativas de acción colectiva?. ¿O es simplemente que ha ido perdiendo credibilidad y reconocimiento la forma de operar y la acción concreta de cada gobierno, la capacidad real de resolver los problemas que plantea la convivencia social por parte de los gobiernos?. Esta última hipótesis es la que más apoyo estadístico y empírico ha encontrado en los recientes trabajos sobre el tema.
Tendríamos por tanto, un escenario en el que parecería que el sistema democrático goza de buena salud, ya que su legitimación ha aumentado en todas partes, mientras que las alternativas que históricamente se habían puesto en marcha han acabado en sonoros fracasos. Incluso se defiende que las críticas a como funciona realmente, país a país, son consustanciales con el propio mecanismo de perfeccionamiento continuo que la democracia consagra. Según esa visión, no existiría un problema de fondo. Se trataría de ir mejorando lo existente sin poner en duda sus parámetros esenciales: poder representativo elegido a través de elecciones competitivas entre partidos, participación, y vías de control del poder legítimamente constituído. Pero, en cambio, como ya hemos mencionado, se constata una creciente insatisfacción con la "calidad" de esa democracia.
3. ¿qué hacer?
* Otra concepción del espacio público
En muchos países que han tenido largos periodos de autoritarismo, existen tradiciones que no ayudan a generar una visión de responsabilidad colectiva sobre el espacio público. El alejamiento, laextrañeidad que se da entre estructuras institucionales, sociedad política, y sociedad civil, y esa peculiar dependencia social del Estado que viene acompañada de una arraigada (y sin duda justificada) desconfianza de lo público, va dejando secuelas en la forma de entender el espacio de lo público, de lo civil, que no se acostumbran a resolverse en breves momentos de regímenes democráticos.
Ese espacio público, ese ámbito de lo civil, es visto muchas veces, como un terreno que o bien es ocupado por las administraciones públicas o el mercado, o bien es un terreno de nadie. El binomio desresponsabilización social-impotencia institucional, es particularmente peligroso en un momento en que los fenómenos ya mencionados de globalización económica, mercantilismo exacerbado, estructuras complejas de gobierno multinivel, y pérdida de peso de las esferas de autonomía del Estado, deberían verse contrapesadas por una sociedad civil fuerte, es decir por una sólida red de lazos sociales, por tradiciones de responsabilidad cívica, y por pautas de interacción social basadas en confianza y en autocapacidad de organización social.
En este sentido, muchos países se encuentran en esa particularmente comprometida transición entre dos siglos, sin un Estado bien rodado, bien preparado para lo que se avecina y sin una sociedad civil bien enraizada, capaz de asumir responsabilidades y estructurar mecanismos de vigilancia y control sobre un espacio público muy frágil. Es ahora cuando el gran handicap histórico que significa haber contado con instituciones públicas usadas con fines privados y actores sociales débiles, dependientes y con pocos recursos autónomos, puede pasar factura de forma grave.
Las instituciones políticas de los países más desarrollados contraen sus formas tradicionales de intervención social. Frenan el incrementalismo que ha caracterizado su proceder desde los años 40. Buscan interlocución ciudadana, tratan de conectar con agentes sociales dispuestos a asumir responsabilidades, dispuestos a generar mecanismos de cogestión y partenariado. Y aquellas sociedades que disponen de mayor solidez y tradición asociativa, que han ido densificando su tejido civil, que han logrado acumular mayor capital social, resultan ser aquellas sociedades que mejor pueden responder a esos retos, que mejor pueden responder a las nuevas exigencias y a los nuevos problemas, desde la fortaleza de su tejido comunitario y asociativo. De esta manera, podríamos decir que una sociedad civil consistente, libre y responsable es hoy garantía de futuro, es sinónimo de fiabilidad y confianza.
En los últimos años hemos podido comprobar como en muchos países, ciertos problemas han resultado notablemente impermeables ante las sucesivas oleadas modernizadoras y los constantes cambios políticos que han vivido. Nos referimos a la capacidad de afrontar con valentía y con garantías los grandes dilemas sociales (desocupación, déficit público, pobreza) y a tratar de poner remedio a las graves disfunciones de las grandes estructuras públicas (justicia, escuela, universidad, sanidad, estructuras administrativas,…). Ante ello no sólo es preciso un redoblado esfuerzo de responsables políticos y gestores públicos. Es preciso generar comportamientos correctos y responsables tanto en la esfera pública como en la privada. Y ahí es donde la falta de tradición, la falta de asunción de responsabilidades, manifiesta ese déficit crónico de sociedad civil, entendido como consenso social sobre valores civiles compartidos entre grupos sociales y compartidos entre las diversas culturas en que se expresan.
Los procesos de modernización que se han ido dando, han producido cambios muy notables en la forma de operar del mercado, en el aparato productivo y en el tejido empresarial. Pero ese conjunto de cambios, casi siempre han afectado de forma relativamente superficial a esa falta de responsabilidad cívica que comentábamos, aunque la distinta realidad cada país, nos impide ir más allá de esas pinceladas generales.
una visión más participativa de la democracia
Desde una perspectiva más estrictamente política, apostaríamos por una profundización de la participación en el funcionamiento de a democracia. Es evidente que si una de las principales preocupaciones es la falta de rendimiento de los regímenes democráticos, podría pensarse en reforzar su capacidad de "perfomance" buscando salidas autoritarias que siguieran la lógica que "a menor participación más eficacia". Incrementar las capacidades "decisionales" del sistema a costa de reducir la capacidad de control y de intervención ciudadana ("democracia delegativa" en expresión de O’Donnell), o tratar de despolitizar el sistema a través de confiar en "capitanes de empresa" y en personajes que hacen del "common sense" su bandera ideológica, u otros que se presentan como "limpiadores" de la podredumbre del politiqueo. De manera menos traumática en relación con los valores y las reglas de la democracia, se ha ido instalando la idea de que debería aislarse de la política institucionalizada a ciertos ámbitos de intervención pública considerados "material sensible". La solución pasaría por crear autoridades independientes, agencias u organismos que legitimasen su actuación y capacidad de decisión, no en función de principios de representatividad popular, sino a partir de su capacidad de "solucionar", en base a criterios de autoridad y de representatividad (y por tanto legitimidad) profesional y técnica. Es en esta línea que han ido apareciendo autoridades independientes en materia bursátil, de regulación eléctrica, medioambiental, nuclear, de control de la competencia o de disciplina deportiva. Y todo esto sin olvidar la cada vez más importante influencia e independencia de las autoridades de los bancos centrales.
No creemos que esas sean alternativas que vayan en la línea de combinar reforzamiento de la democracia y aumento de la capacidad de representación y de credibilidad de las instituciones de esa democracia. Lo que conviene es avanzar en la búsqueda y la experimentación de nuevos mecanismos de participación, como vía de consolidación de la democracia y de su capacidad de resolución de los problemas que genera la convivencia colectiva, y para ello es importante demostrar que participación y eficiencia no son conceptos contradictorios, sino que, cada vez más, son conceptos complementarios.
El tema no reside en la capacidad de "vender" soluciones, sino en la capacidad de compartir definiciones de problemas para de esta manera aumentar la legitimidad del camino que lleva desde esta definición compartida a una situación considerada por todos como mejor que la anterior. Muchas de las difíciles decisiones que se han de tomar, y que afectan intereses sociales muy arraigados, pueden llegar a contar con importantes consensos en el ámbito técnico, pero difícilmente podrán avanzar si no se abre el debate y se discuten y comparten costes y beneficios, alternativas y soluciones con el conjunto de la sociedad. Sin miedo a las aparentes dificultades técnicas que toda decisión comporta, que parecen generar barreras infranqueables para los no iniciados, y que muchas veces esconden o enmascaran elecciones de opciones realizadas desde lógicas no estrictamente técnicas. Ya que en el fondo, cada vez más, la gente será capaz de aceptar y compartir decisiones que incluso afecten negativamente alguno de sus intereses si considera legítima la vía por la que se ha llegado a tomar esa decisión.
Desde esta perspectiva, eficiencia y participación no son contradictorias, sino absolutamente complementarias, y cada vez se irán convirtiendo en más y más inseparables. No podemos caer en el error de confundir o mezclar factibilidad técnica con factibilidad social y habrá que trabajar en ambas direcciones para hacer frente a problemas sobre los cuales muchas veces no hay consenso, ni siquiera sobre si existe un problema y de qué tipo es.
Participar no es, en principio, ni bueno ni malo, aunque todos estamos de acuerdo en que la simple ampliación de los espacios de participación ya tienen un valor en sí mismo. No sólo se trata de que la gente participe más. Cada vez parece más necesario asumir que, si no se amplia la base de consenso social de muchas decisiones, la erosión de las instituciones representativas irá en aumento y, de esta manera, podrán incrementarse los partidarios de fórmulas decisionistas, a pesar de los sacrificios democráticos que puedan comportar. Sin embargo, lo que hace falta es entender que cuando hablamos de participación no hablamos sólo de los intereses afectados, o de aquellos grupos o colectivos más organizados y acostumbrados a movilizarse, sino del conjunto de la población afectada directamente o indirectamente por la decisión. Y esto quiere decir encontrar mecanismos para conseguir esta implicación social amplia.
Y en este sentido, el uso de los nuevas tecnologías de la información y comunicación, puede llegar a ser muy significativo. Es evidente que las posibilidades son múltiples, pero no es lo mismo trabajar en ellas con la vista puesta en el mantenimiento sine die de los mecanismos e instituciones representativas, que con la vista puesta en construir, con la ayuda de las nuevas tecnologías, el viejo ideal de la democracia directa. Como afirma Barber, antes de especular sobre en que aspecto procedimental, electoral, parlamentario o de control, podremos usar esas nuevas tecnologías, deberíamos ir pensando al servicio de que concepción de la democracia las ponemos
* el capital social como base
Pero, tampoco puede improvisarse una mayor participación e implicación social en los asuntos públicos, no puede ampliarse el sentido de responsabilidad colectiva si no existe base social para ello. No descubro nada si me refiero al concepto de caputal social con el que se ha querido poner de relieve la importancia de un tejido asociativo , de tramas cívicas que generen sentido de responsabilidad colectiva, sentido de reciprocidad, y vínculos en relación a los aspectos de la convivencia en común. Pero, como bien sabemos, ello no es un dato. Cada país tiene su propia base social para ello, y tiene asimismo políticas y políticos que favorecen o dificultan la formación y consolidación de ese capital social, de esa fuerza que permite pasar más fácilmente del "yo" al "nosotros".
Las sociedades que cuentan con tradiciones que incentivan la reciprocidad, y que poseen mecanismos de comunicación interpersonal y compromiso cívico dispondrían de un capital social que les situaría en mejores condiciones para afrontar situaciones como las actuales en que coinciden enquistamiento de problemas con crisis de los mecanismos tradicionales de representación y de procesos de deslegitimación de la autoridad. Y esas redes se materializan en la participación de asociaciones voluntarias de todo tipo, en las que los individuos unidos por lazos débiles (para diferenciarlos de los lazos fuertes característicos de los lazos familiares) les habilita para poder traspasar todas las posibles fracturas de la estructura social, contribuyendo así a la cohesión social mediante la difusión de la confianza interpersonal.
La confianza es pues un factor esencial para entender el comportamiento político, pero también aparece cada vez más como determinante en momentos de volatilidad financiera, para apuntalar procesos de desarrollo económico, al reforzar los lazos y vínculos sociales, favorecer la cooperación, y ofrecer más garantías, mayores dosis de previsibilidad y certidumbre. Factores todos ellos muy significativos en los procesos de localización de inversiones, o en decisiones sobre la perdurabilidad de las condiciones de desarrollo económico (no es extraño que, precisamente por ello, instituciones tan importantes en la financiación para el desarrollo económico como el Banco Mundial se interesen cada día más por los temas de capital social, institucionalización de redes o reforzamiento del tejido social, como elementos clave de la rentabilidad de sus proyectos e inversiones de capital físico en los países en vías de desarrollo).
1. Identidades y globalidad
Las nuevas condiciones generadas por la globalización, han supuesto un claro renacimiento del debate sobre identidades. En nuestro esquema de análisis, no podemos dejar de ocuparnos del tema, ya que la identidad es un factor esencial en ese significativo paso, al que hemos aludido, del "yo" al "nosotros".
No es extraño que en el panorama de la globalización, surjan voces que reclaman menos ataduras identitarias, y más humanismo cosmopolita. "El accidente de dónde se ha nacido no es más que eso, un accidente. Una vez admitido esto, no deberíamos permitir que diferencias de nacionalidad, de clase, de pertenencia étnica o de género erijan fronteras entre nosotros" (Nussbaum). Cada vez seríamos más "ciudadanos del mundo" y nos deberíamos sentir menos atrapados por cualquier tipo de frontera que ni el aire ni la información reconocen. Los capitales, los productos de consumo o los productos culturales, ignoran cada día más las distancias, las diferencias territoriales. La omnipresencia de los media difunde un mismo estilo de vida por doquier. Parece plantearse una tendencia incontestable y multiforme a la homogeneización, a una misma cultura universal.
En ese contexto, ¿tiene sentido hablar de la reconstrucción de un "nosotros" como base de un sentimiento de identidad colectivo que permita asumir responsablidades colectivas, construir valores públicos, capital social, sin el que (como hemos defendido) parece poco posible salir adelante frente a los retos que cada pueblo tiene planteados?. O, dicho de otra manera, ¿podemos continuar hablando de distintas maneras de vivir juntos?, ¿podemos hablr de culturas, de identidades culturales, de construcción de políticas culturales en un entorno de globalización?.
La cultura, defenderemos aquí, se basa en una serie de representaciones comunes que un colectivo o conjunto de individuos comparte. Lo que es significativo no es tanto su contenido, como el hecho que se comparta. Esas representaciones comunes ofrecen una cierta pre-organización del mundo, un mapa compartido con el que orientarnos. La cultura es al mismo tiempo memoria común (una misma lengua, una misma historia, una mismas tradiciones,…)y un conjunto de reglas que permiten la convivencia (convenciones sociales, códigos de conducta) (Todorov).
De aceptar esas ideas, es evidente que cada uno de nosotros forma parte de varias culturas simultáneamente, y que cada una de esas culturas está sujeta constantemente a cambios. Somos de Madrid, de Buenos Aires o Toledo, incluso del barrio madrileño de Carabanchel, del Palermo bonaerense o del barcelonés Gracia, nos sentimos catalanes o riojanos, paseamos nuestra condición de españoles, peruanos o italianos por el mundo, y compartimos muchas cosas con otros europeos o latinoamericanos. Y gestionamos esa pluralidad de identidades con gran fluidez. Esas identidades modulares (Gellner) nos generan sincronías y diacronías, unas culturas engloban a otras, se interseccionan, formando sus distintos elementos equilibrios inestables. ¿Qué tiene hoy la cultura catalana o española en común con lo que fueron hace quinientos años?. Ha cambiado todo y cada uno de sus componentes, tal como cambió cada clavo y tabla del barco de los argonautas en su viaje en busca del toisón de oro. Pero, lo que importó finalmente fue que el barco llegara, no que fuera exactamente el mismo barco. Esas culturas "funcionan" para sus ciudadanos, a pesar de tener muy poco que ver con lo que fueron. No existen culturas puras y culturas mestizas, Existen culturas que reconocen su mestizaje y culturas que pretenden negarlo. Las culturas de cada uno le sirven para ir por el mundo, para orientarse, para reconocerse en un colectivo, para dar respuesta a la necesidad de pertenecer, de formar parte.
La homogeneización cultural de la que hablábamos es meramente superficial. El "multiculturalismo corporativo" (Semprini), también denominado por algunos "MacMundo" (Barber), banaliza las diferencias, las incorpora al mercado, las presenta mediáticamente como elementos que ilustran, colorean, los grandes acontecimientos deportivos o artísticos, a través de la retórica del melting pot. Se nos presenta así una especie de integración de todas las minorías a la norma monocultural hegemónica. La retórica de la diferencia y de la coexistencia inyectada desde arriba, y no buscada ni reivindicada desde abajo, por sus propios protagonistas. Algunos afirman que precisamente este modelo de multiculturalismo corporativo sería la versión pospolítica y mercantilista del tradicional multiculturalismo liberal que ofrecía una gestión privada de la diferencia en un contexto público pretendidamente homogéneo y abstracto.
Hoy en día, va abriéndose camino un cierto debate sobre dos formas de liberalismo político. La primera variante defiende un concepto del mismo basado en unos derechos individuales de naturaleza ‘universal’, que tiendan a ‘no-discriminar’ las bases de igualdad de los ciudadanos, con un conjunto de elementos procedimentales que aseguren el fucionamiento de las instituciones y la toma de decisiones. En esa perspectiva, se desconfía de la existencia de unos derechos colectivos, en los que se ve un cierto riesgo autoritarios (liberalismo 1). La segunda versión del liberalismo político introduce a los elementos anteriores los de protección y desarrollo, en la esfera pública y constitucional, de las diferencias culturales y políticas de los diferentes grupos que conviven en una misma democracia (liberalismo 2). Desde esta perspectiva, se afirma que de no existir ese reconocimiento a las minorías culturales existente, se estaría atentando contra el principio de igualdad entre grupos que conviven en un mismo entorno. Los partidarios de esta visión del liberalismo polñitico consideran que la primera versión mencionada, tiende a remitir las diferencias culturales minoritarias a la esfera privada, al mismo tiempo que asume las características culturales de la mayoría (lengua, reconstrucción de la historia, tradiciones, etc) como una implícita realidad "común". Tratar igualmente a las diferencias sería lo contrario a la igualdad. Por todo ello, hay quién afirma que estamos en puertas de una nueva oleada de derechos, los culturales, después de los civiles, políticos y sociales.
Las sociedades que estamos intentando crear, libres, democráticas, dispuestas a compartir por igual, necesitan que sus ciudadanos se sientan identificados con ellas. Sólo pueden funcionar si las personas que las conforman creen que tienen entre manos una empresa común, que sienten como propia. Esta implicación no puede basarse sólo en un implícito contrato normativo, que asegure a esas personas sus derechos y libertades, sino que es preciso que se sientan especialmente vinculados entre ellas. Una democracia es altamente vulnerable a la sensación de desapego que produce la constatación de las grandes desigualdades existentes, o la sensación de abandono, la sensación de que lo que sucede no importa a nadie de verdad.
No construyamos falsos dilemas. En nombre de un aparente universalismo liberal-cosmopolita, lo que muchas veces se plantea es la aceptación incondicionada de un conjunto de trazos lingüísticos y culturales que tratan de cubrir las identidades culturales particulares. No hay otra manera de ser cosmopolitas que empezar siendo patriotas, aunque sea patriotas de barrio. Y probablemente no me sentiré implicado en como funciona la escuela de mi entorno, si no me siento parte del mismo, de la comunidad que la acoge
3. Las políticas culturales ante los retos de la globalización
Las políticas culturales han surgido y se han desarrollado en la mayoría de países occidentales, a partir de cuatro grandes principios (Bonet): en primer lugar por el valor estratégico de la cultura como difusor de estandards simbólicos y comunicativos; en segundo lugar como base en la que fundamentar las identidades colectivas, y por tanto las identidades de las naciones y de los estados; en tercer lugar, por tener efectos positivos, tanto económicos como sociales, al desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los territorios; y finalmente por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter cultural, histórico o natural.
A partir de ahí, no es extraño constatar que a los poderes públicos les cuesta ser culturalmente neutros. Además de reconocer los derechos de ciudadanía, las instituciones liberales introducen un conjunto de rasgos y de valores (lingüísticos, culturales,…) consistentes con su voluntad hegemónica, a fin de que vayan alimentando la identidad nacional que de forma explícita, o de forma implícita, se busca. En un estado con una realidad pluricultural, ello provoca desajustes significativos, ya que en nombre de la igualdad y de la no discriminación algunos colectivos ven sus diferencias de identidad amenazadas. En la tradición liberal-democrática (y más aún en su versión francesa-republicana que tanto nos ha influido), los derechos y las reglas de juego realmente existentes, nos permiten reconocernos como ciudadanos. Pero, esas reglas y esos derechos no son siempre neutrales en relación a las identidades individuales, ya que incluyen un conjunto de elementos relacionados con la lengua, con la reconstrucción histórica, con unas pretendidas tradiciones "comunes", que van más allá de lo procedimental o de lo universal. Los valores individuales de libertad, igualdad, dignidad han de ser reconducidos, mejorados, para que incluyan las diferencias colectivas que constituyen las identidades individuales, entendiendo el pluralismo no como una solución (más o menos incómoda) que nos permite coexistir, sino como un valor que pone de relieve la riqueza de la diversidad. En un estado plural, el objetivo ha de ser incluir el pluralismo cultural como un valor que vale la pena proteger, y no sólo como un hecho que ha de tolerarse .
Necesitamos una revisión del concepto de ciudadanía, en la línea del reconocimiento del pluralismo cultural, considerándolo como un valor a proteger (y no sólo como algo a tolerar), y ello ha de implicar la presencia de ese pluralismo en la normatividad y en la estructura organizativa de las democracia. Esa política de reconocimiento del pluralismo cultural debería formar parte de los principios, reglas e instituciones de los sistemas democráticos, cada vez más densamente poblados de diversidades culturales de todo tipo.
Todo patriotismo, todo nacionalismo acaba produciendo una comunidad, inventada, artificial, pero para nada natural. Todas las comunidades son construcciones que surgen de la necesidad que han tenido siempre las personas de vivir en sociedad, porqué somos interdependientes. En definitiva la esencia de toda identidad, se basa en el reconocimiento de una potencia común que supera fragmentaciones e incompatibilidades, y reúne voluntades y sentimientos para moverse en una dirección más o menos común (Delgado).
Cada quién se confecciona y negocia su propia identidad, a partir de un conjunto de opciones. Nuestras identidades, las identidades modernas, son múltiples y complejas. Ante ello el Estado puede adaptarse o tratar de adaptárselas. O sea, dibujar soberanías e instituciones más o menos borrosas, múltiples y híbridas como sus ciudadanos, o bien tratar de convertirlos en súbditos puros, artificialmente unificados (Rubert de Ventós). No se trata de ser condescendiente con la diferencia. Se trata de aceptar que cada uno transporta identidades nunca perfectamente sincronizadas, y ello me permitirá capitalizar la riqueza de esa diversidad. Organizar una sociedad que no niegue, sino que integre esa intimidad compleja, articulando la diversidad de sus componentes: ese es el reto de una estructura estatal que no quiera seguir siendo un monumento a la obsolescencia política. En una época en la que las identidades ya no pueden seguir siendo simples, en una época en que los poderes son más relacionales y dispersos que jerárquicos y concentrados, y en la que las soberanías están en cuestión y buscan subsistir de manera más o menas difusa, no podemos permitirnos el lujo de ser miembros de una política cultural única y con voluntad de exclusividad.
Las nuevas políticas culturales deberían facilitar la organización de una sociedad que comunique identidades múltiples. Un espacio público reforzado, sentido como propio precisamente porque (Pérez de Cuellar) en él es posible compatibilizar distintas maneras de vivir juntos. El modelo republicano parecía asegurar que, al menos, todos tuvieran acceso a una misma cultura. El pequeño inconveniente es que esa cultura resultaba sólo plenamente aceptable para una mayoría, sin reconocer identidades minoritarias (se las respetaba, se era tolerante con ellas, pero se entendían como formando parte de la esfera privada). Lo que hoy está en juego es un reconocimiento de derechos iguales no sólo para los individuos, sino también para los grupos, para las minorías.
El modelo intercultural implica un estatuto legal específico, la creación de un espacio público que reconozca esa realidad en instituciones igualitarias, que de forma imaginativa y funcional sean capaces de hacerse creíbles y sostenibles. Su fuerza estribará en su capacidad de mantener su representación de las distintas sensibilidades e identidades. Ello exige buscar políticas culturales innovadoras, fórmulas nuevas, sin cerrar caminos, creando instituciones más contenedoras que limitadoras, más "marco" que acabadas. Instituciones que entiendan que el pluralismo cultural exige aceptar que hay muchas maneras de ser peruano, español, europeo, andino, catalán o salmantino.
Las democracias del futuro tienen una de sus pruebas más decisivas en su capacidad de contener a sociedades cada vez más plurales. Una democracia es más potente, al contrario de lo que a veces se afirma, no cuanto más consenso tiene, sino cuanto más conflicto es capaz de contener, contando con medios para lidiar esos conflictos, reconducirlos al marco común de convivencia. En la misma línea, podemos decir que no es más fuerte un estado cuanto más homogéneo culturalmente sea, sino cuanta más heterogeneidad cultural sea capaz de contener. Ese será uno de sus valores esenciales. De no avanzar por esa vía, los incentivos a la desarticulación crecerán. Como diría Hirschman, si ante todo queremos lealtad, y no es posible o no se plantea la salida (exit), hemos de generar más espacios para hacernos oír y para que nos reconozcan (voice).
