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Introducción
A partir de los procesos de democratización acentuados durante los gobiernos democráticos,tanto en nuestra AMERICA LATINA como en Chile,vemos que las redes sociales usan más frecuente el concepto de ciudadanía, junto con el de derechos sociales ligados a éste, ello como criterio para atender el bienestar social. En la utilización de tales conceptos y en el objetivo de establecerlos como principios distributivos, coinciden en nuestro país y otros países de América Latina académicos, organismos internacionales, partidos políticos, dependencias del gobierno y organizaciones no gubernamentales, etc. Así, es común encontrar el concepto en trabajos académicos, en textos publicados por algunos organismos internacionales y estudios especializados.Pero como lo bajamos para conjugarlo y discutirlo, a saber:
En virtud de la importancia y creciente utilización de los conceptos de ciudadanía y de derechos sociales, es esencial reflexionar sobre la potencia de éstos para constituirse en criterios distributivos en Chile de hoy.
Abordaremos esta reflexión en dos planos, uno teórico-conceptual y el otro instrumental, ligado este último a condiciones de operación. En el plano conceptual retomaremos algunos planteamientos sobre la ciudadanía elaborados por el análisis internacional, las concepciones ligadas al estadio democrático y algunas ideas trabajadas por analistas latinoamericanos. Para desarrollar el plano instrumental seleccionaremos variables esenciales ligadas a estos conceptos, e ilustraremos algunas con referentes empíricos. Asimismo, analizaremos las modalidades de acceso a los bienes sociales que han prevalecido en Chile.
Ciudadanía
El concepto de ciudadanía es un concepto muy discutido. El debate actual sobre la ciudadanía encuentra sus raíces en distintas tradiciones, tanto de la sociología, como de las ciencias políticas. El concepto involucra sin duda, tanto las relaciones entre los ciudadanos. como las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, y los cruces entre tales actores, tanto en el plano legal, normativo y material.
A partir de los años noventa en Chile, el concepto de ciudadanía ha adquirido nuevamente importancia, la democracia post dictadura intenta recuperar y revalorizar la idea de participación y por ende de ciudadanía, por su parte a nivel de la teoría social el concepto se desarrolla y moderniza, es también así que en la mayor parte de los países europeos y en los Estados Unidos, se revigoriza la idea de ciudadanía. Y es durante fines de los años 80 y comienzos de los 90 que en América Latina se vuelve a la normalidad democrática con todo lo que ello involucraría. El lenguaje de la ciudadanía está cada vez más presente en los discursos de los diferentes actores y organizaciones sociales, de los movimientos y de los partidos políticos. Es así como los vínculos entre las diferentes dimensiones de la desigualdad ciudadana y la posibilidad de ejercicio de los derechos ciudadanos son objeto de atención por parte de un creciente número de investigadores.
Un hito importante en la producción sociológica en torno al tema de la ciudadanía social, lo constituye la obra de T. Marshall, Citizenship and Social Class (1950), donde el autor elabora una noción de ciudadanía compleja que muestra cómo los derechos se constituyen históricamente formando la base de la ciudadanía moderna.
Este sociólogo británico, en sus trabajos sobre la ciudadanía, distinguió los aspectos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos, y sus derechos formales y reales. En esta tradición la ciudadanía es definida como: el estatus otorgado a aquellos que son miembros plenos de la comunidad y quienes poseen este estatus son iguales en el respeto de sus derechos y deberes (Marshall, 1950).
Marshall, partiendo del análisis de la historia británica, distingue tres dimensiones en la ciudadanía moderna: la civil, la política y la social. La ciudadanía civil comprende los derechos necesarios para la libertad personal, la libertad de expresión y de pensamiento, los derechos de propiedad y los derechos a la justicia. Fueron los primeros derechos conquistados para enfrentar el abuso en el ejercicio de la autoridad; y el Estado debe ser garante de estos derechos civiles y protegerlos contra los abusos. La ciudadanía política supone el derecho a participar en el ejercicio del poder político a través del voto y el derecho a ser elegido.
Pero la contribución de Marshall es agregar la dimensión social de la ciudadanía, conformada por los derechos a la educación, al bienestar y a la seguridad económica y social. Este concepto de ciudadanía social incluye derechos y también obligaciones, tales como el derecho y la obligación del trabajo, el pago de impuestos, la educación de las nuevas generaciones, el acceso a la salud, etc.
Estos derechos sociales fueron conquistados en Europa de fines del siglo XIX y comienzos del XX, ello con clara posterioridad a los derechos civiles y políticos y se corresponden con el desarrollo de: la industrialización, las instituciones del Estado moderno y con el reconocimiento del sindicalismo, entre otros factores, paralelamente en nuestra América son producto de años de luchas sociales inspiradas desde movimientos de presión, partidos de izquierda, programas de gobiernos o en último caso desde el estado. Así la periodización realizada por Marshall - ampliamente criticada y también aceptada - , como se verá más adelante, establece que los derechos civiles fueron consagrados en el siglo XVIII, los políticos en el siglo XIX y los sociales en el siglo XX (Aguirre, R., 2003).
Marshall propuso entonces que los derechos sociales que son de una importancia primordial para el estatus de la sociedad. Sin embargo; El Ideal Liberal de ciudadanía aparece también centrado en los derechos civiles, sociales y políticos, todos elementos existenciales del concepto de ciudadanía. Donde principios como libertad, responsabilidad, tolerancia, justicia social e igualdad de oportunidades pasan a ser valores centrales, a saber: “los átomos que al movilizarse con la energía cinética de la democracia aportan al desarrollo molecular el ADN que nutre la idea de ciudadanía” (Yelpi, A, 1997).
Bérèngere Marques-Pereira (1997) destaca que el verdadero interés de la propuesta de Marshall radica en la posibilidad de “sociologizar” el concepto de ciudadanía; éste pasa a ser considerado como “un proceso de construcción social en el cual las relaciones existentes en el área política son importantes”. Los procesos de inclusión y exclusión pueden ser fluctuantes y contradictorios. Se distingue así, la ciudadanía formal, definida por la pertenencia a un Estado y a una Nación, y la ciudadanía real, relacionada a la participación política y cívica vinculada a los procesos de democratización.
Así los derechos sociales constituyen un ingrediente importante en la construcción y desarrollo de la ciudadanía en la medida en que le asignan contenido. Se presentan como relaciones sociales cambiantes que se construyen como resultado de la interacción entre participación social e intervención del Estado.
Hoy la democracia liberal ha sido aceptada como el modelo universal de organización política, pero todavía, solo una parte del planeta es realmente democrática, distinto es serlo de verdad a solo declararlo formalmente.
Adicionalmente, dado que los derechos sociales implican expectativas que tienen como objeto prestaciones públicas (transferencias, nivel mínimo de instrucción, salud y bienestar, etc.), traen consigo requerimientos organizativos y de procedimiento, y demandan un elevado monto de recursos. Su cumplimiento está muy relacionado con la existencia de una economía de mercado bien desarrollada, una sólida infraestructura administrativa y profesional, sumada a un eficiente aparato fiscal.
Lo anterior esta íntimamente ligado al desarrollo de las sociedades abiertas basadas en la libertad política y la libertad económica, pues ahí la idea de ciudadanía encuentra sus canales de expresión y desarrollo.
Si optáramos por trabajar con una definición elemental o básica de ciudadanía, tendríace que definir esta como: Condición del individuo como miembro de una comunidad política a la que está jurídicamente vinculado por el mero hecho de la pertenencia. Aun así, estamos en presencia de la universalidad de la misma, que permite el disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
Entonces, un ciudadano es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos. (Marshall, 1950).
"El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público." Entre los más importantes derechos, destacan por su importancia imprescindible, aquellos referidos a la participación política, capacidad de elegir y ser elegido, ( mediante el derecho al voto ) que es la señal de identidad de las democracias representativas predominantes en el mundo. Entre los deberes, destacan la obligación de respetar los derechos de los demás, de contribuir al bien común respetar los valores predominantes - que incluyen el sentido de justicia y de equidad -, y otros que contribuyen a afirmar la tesitura social y la paz. En tal sentido, tanto más democrática es una sociedad cuanto más incluyente, es decir, cuanto más ciudadanos plenos la conforman. No obstante, los derechos sociales reclaman no sólo aspectos civiles y políticos, sino también los derechos humanos. En este marco, aquellos surgen en el intento de asegurar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos individuales, garantizando el acceso a los medios de vida y de trabajo en sentido amplio. Otorgan la posibilidad de participar del bienestar social, entendido como bienes que se incorporan a través de un proceso colectivo y se van acumulando en el tiempo.
En nuestro país, la idea de ciudadanía, sus elementos y variables se sustentan en el continuo histórico, desde la emancipación hasta nuestros días Adicionalmente, dado que los derechos sociales implican expectativas que tienen como objeto prestaciones públicas (transferencias, nivel mínimo de instrucción, salud y bienestar, etc.), traen consigo requerimientos organizativos y de procedimiento, y demandan un elevado monto de recursos. Su cumplimiento está muy relacionado con la existencia de una economía social de mercado bien desarrollada, una sólida infraestructura administrativa y profesional, y un eficiente aparato fiscal.
La definición de los contenidos y del monto de las prestaciones sociales depende, en mayor medida que los derechos civiles y políticos, de la disponibilidad de recursos económicos y financieros generados en el mercado, y también está ligada a decisiones discrecionales de la administración pública, al juego de equilibrios de fuerza, y a reivindicaciones políticas y sociales que surgen, con frecuencia de manera conflictiva en toda la sociedad. En virtud de su elevado costo y de su incidencia en los mecanismos de acumulación de la riqueza y de la captación fiscal, los derechos sociales tienen un carácter mucho más aleatorio que las acciones dirigidas a proteger los derechos civiles y los políticos.
Derechos sociales y ciudadanía en Chile
El actual postulado de derechos sociales en Chile, en tanto con los principios para asignar recursos y con los criterios distributivos, evoca tres fuentes fundamentales: a) la definición de ciudadanía de Marshall, en la que se concilian los valores y principios de la democracia liberal ligados a las libertades individuales con preocupaciones por el bienestar material de la sociedad toda; b) la concepción de justicia social emanada de la Carta Fundamental, que aun siendo fuertemente presidencialista y formulada desde un prisma autoritario si contenía elementos propios de la democracia liberal plasmados en su articulado y en posteriores reformas de los gobierno concertacionistas; c) y por último; concepciones que extienden los derechos humanos al ámbito del desarrollo, cercanas a organismos internacionales y a una corriente de la investigación social en América Latina.
Los logros socioeconómicos alcanzados por Chile en estas últimas décadas, han tenido su correlato en mejoras importantes con relación al desarrollo humano de su población. Sin embargo, surgen dudas respecto de la capacidad de los chilenos, y en general de los países latinoamericanos, para adaptarse a un contexto de sociedad de mercado, donde el Estado ha ido perdiendo su centralidad como eje de la integración social.
Chile ha cambiado muy notoriamente su faz económica, cultural y política, los cambios registrados durante el régimen militar y posteriormente durante los años transcurridos desde la recuperación de la democracia, (1990) han dejado profundas huellas en el Chile camino al Bicentenario. El país tiene nuevas y mejores oportunidades de desarrollo. En el ámbito de la democracia, sus logros en estabilidad institucional y consenso político son destacables. Lo ha dicho el Informe regional del PNUD sobre la Democracia: en Chile no existe el nivel de déficit de provisión de los derechos sociales, o de negación de los derechos civiles, o la ingobernabilidad política que constituyen los factores comunes de la precariedad de la democracia que caracteriza a muchos de los países de América Latina.
Los indicadores de desarrollo humano son fuente de desarrollo y las políticas sociales, fiscal, monetaria, etc, gozan de buena salud aun en tiempos de crisis y volatilidad internacional.
Antonio Yelpi A
Licenciado en Ciencias Politícas
Secretario Ejecutivo Centro de Estudios para la Democracia Popular
